Desde mediados del siglo XX América Latina ha constituido el primer espacio donde el orden internacional posterior a la Guerra Fría encontró una resistencia persistente. Cuba lo demostró al sobrevivir desde 1959 al aislamiento y a la desintegración del bloque socialista.
Tres décadas después, en 1989, mientras el mundo proclamaba el "fin de la historia", el Caracazo venezolano señalaba en sentido contrario. Aquel episodio abrió un proceso político que culminaría con el triunfo de Hugo Chávez en 1998, la posterior derrota del ALCA y la creación del ALBA, un proyecto fundado por Caracas y La Habana, al que se integrarían distintos gobiernos latinoamericanos.
Se inauguraba así un ciclo histórico que modificaba la correlación regional de fuerzas y refutaba en la práctica la idea de un orden definitivo dirigido desde un único centro de poder. América Latina buscaba la emancipación del control estadounidense y, además, este proceso coincidía con la emergencia de un mundo multipolar y con la aparición de nuevos socios comerciales.
El Caribe atraviesa hoy un único proceso político expresado en dos frentes: la intervención sobre Venezuela y el asedio material a Cuba. Este proceso se hace visible a través del control del mar.
Desde entonces, la política hemisférica estadounidense ha intentado revertir ese proceso de manera constante, aunque rara vez lo haya reconocido explícitamente en sus doctrinas de seguridad. Las intervenciones indirectas y directas —desde Honduras en 2009 hasta Bolivia en 2019, junto a la presión permanente sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua— responden a una misma lógica, que necesita restaurar un marco regional compatible con su primacía estratégica. La doctrina actual no inaugura esa orientación, aunque es cierto que es más explícita tanto en el aspecto declarativo como en sus acciones.
Es así como el Caribe atraviesa hoy un único proceso político expresado en dos frentes: la intervención sobre Venezuela y el asedio material a Cuba. Este proceso se hace visible a través del control del mar.
Tras el despliegue naval estadounidense en la región, en 2025, comenzaron ataques a embarcaciones menores desde finales de agosto. Bajo distintos pretextos operativos, fuerzas estadounidenses interceptaron y atacaron lanchas rápidas, asesinando a más de un centenar de personas en pocos meses. Aquel ataque inicial contra los más humildes —sin capacidad de defensa ni peso geopolítico— fue fácilmente relegado en la agenda internacional, pero marcó el inicio de la intervención directa sobre el tráfico marítimo civil.
Poco después comenzaron las interceptaciones de buques petroleros vinculados al comercio venezolano y ya en diciembre se formalizó un bloqueo operativo contra determinados tanqueros, aunque las actuaciones excedieron ampliamente los listados de sanciones y alcanzaron a embarcaciones que comerciaban bajo contratos ordinarios.
El petrolero Skipper fue interceptado frente a las costas venezolanas y su carga confiscada pese a encontrarse en tránsito comercial; el Centuries, que transportaba crudo hacia Asia bajo bandera panameña, fue retenido aun sin figurar inicialmente en registros restrictivos; varios buques rebautizados tras cambios de propiedad —una práctica habitual en el comercio marítimo— fueron perseguidos durante semanas, como si el cambio nominal constituyera por sí mismo prueba de ilegalidad; y una nave vinculada a operadores rusos fue rastreada desde el Caribe hasta el Atlántico Norte antes de ser abordada. En el caso del Veronica III, el seguimiento se prolongó hasta el océano Índico para capturarlo en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción inmediata de EE.UU.
La presión deja de centrarse únicamente en sanciones financieras y se desplaza hacia el control material de rutas y recursos. La militarización del Caribe, además, modifica el comportamiento de otros actores, ya que supone un salto cualitativo desde la presión económica, a la amenaza de confrontación armada.
El resultado fueron varios millones de barriles venezolanos retenidos o desviados, con pérdidas superiores a 1.000 millones de dólares. Una incautación material directa que además transmitía un mensaje: cualquier actor que participase en el comercio energético con Caracas podía ser objeto de interceptación física, existiera o no sanción previa formalmente establecida.
El 3 de enero la escalada dio un salto cualitativo. Washington secuestró al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y, de forma simultánea, abandonó abiertamente la retórica de la "lucha contra el narcotráfico". Incluso llegando a admitir que el llamado 'Cartel de los Soles' era más una fórmula discursiva que una estructura probada. A partir de ese momento, el objetivo se hizo explícito: el petróleo.
A su vez, el control progresivo del espacio marítimo caribeño permitió intensificar el cerco contra Cuba en términos distintos a los del pasado. Durante más de seis décadas, el bloqueo operó mediante sanciones financieras, comerciales y diplomáticas que dificultaban comerciar, pero no impedían físicamente que el comercio existiera. La isla sostuvo su funcionamiento mediante acuerdos energéticos soberanos —principalmente con Venezuela—. En una economía insular dependiente de la importación energética, impedir la llegada de combustible paraliza el transporte, la electricidad, la sanidad y el abastecimiento básico.
Cuando las exportaciones petroleras venezolanas comenzaron a ser interceptadas y el tránsito marítimo perseguido, el flujo de crudo hacia la isla se interrumpió, tal y como ha denunciado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Además, a la presión naval contra las exportaciones venezolanas, se añadieron amenazas de sanciones y aranceles contra terceros países o empresas que abastecieran a Cuba. El bloqueo económico pasaba así a convertirse en asedio material. Es esta situación creada por EE.UU. la que explica la crisis humanitaria que vive la isla.
La coerción acelera los acontecimientos, pero al mismo tiempo acorta el tiempo disponible para sostenerla: si no obtiene resultados rápidos, la presión externa se convierte en desgaste interno. Y con elecciones de medio término a final de año, ese desgaste puede traducirse en una pérdida de apoyo político para el propio presidente estadounidense.
Para poder comprender este escenario, debemos revisar la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. presentada a finales de 2025, que define el hemisferio occidental como prioridad absoluta y recupera explícitamente la Doctrina Monroe bajo una formulación actualizada: excluir la presencia de potencias extrarregionales. En términos prácticos, esto significa impedir la consolidación de circuitos económicos alternativos a la propia centralidad estadounidense.
EE.UU., que continúa siendo la principal potencia militar, pierde de manera progresiva primacía económica y comercial. En ese contexto, impedir la formación de alianzas económicas alternativas adquiere un valor estratégico mayor. La presión deja de centrarse únicamente en sanciones financieras y se desplaza hacia el control material de rutas y recursos. La militarización del Caribe, además, modifica el comportamiento de otros actores, ya que supone un salto cualitativo desde la presión económica, a la amenaza de confrontación armada.
Sin embargo, esta estrategia también tiene límites materiales. Mantener una presencia naval permanente supone miles de millones de dólares adicionales en un contexto de deuda pública y déficits anuales de enorme magnitud. La coerción acelera los acontecimientos, pero al mismo tiempo acorta el tiempo disponible para sostenerla: si no obtiene resultados rápidos, la presión externa se convierte en desgaste interno. Y con elecciones de medio término a final de año, ese desgaste puede traducirse en una pérdida de apoyo político para el propio presidente estadounidense.
Por otra parte, la estrategia de asfixia tampoco ha producido el desenlace automático que algunos anticipaban. Venezuela no colapsó tras el bombardeo y el secuestro de su presidente. El Estado activó mecanismos de reorganización defensiva que, aunque implican concesiones económicas tácticas dolorosas, han logrado evitar la fractura interna buscada. Del mismo modo, Cuba no enfrenta por primera vez un intento de estrangulamiento: ha atravesado décadas de bloqueo, el 'Período Especial' y múltiples ciclos de recrudecimiento de sanciones. La experiencia acumulada forma parte de su memoria estratégica.
No es la primera vez que un orden internacional responde así ante un proceso que no logra revertir. Tras las guerras napoleónicas, las potencias europeas escenificaron en el Congreso de Viena de 1815 la restauración del Antiguo Régimen. Aquella victoria no detuvo las transformaciones en curso y, con el tiempo, el liberalismo terminó imponiéndose. Así, la historia demuestra que las dinámicas de fuerza generan respuestas, reacomodos y resultados distintos a los previstos por quienes creen controlar el tablero. El Caribe es hoy un frente estratégico, pero su desenlace no está escrito.
